La plataforma Campiña norte lleva al Juzgado los siete proyectos avalados por la Junta por los posibles delitos de prevaricación ambiental y contra la flora y fauna
La plataforma Campiña norte contra las megaplantas solares ha presentado en el Juzgado de Instrucción de Andújar una denuncia penal por los posibles delitos de prevaricación ambiental y contra la flora y la fauna por los siete proyectos que han empezado a tramitarse en esta comarca jiennense y que, según dicen, van a suponer la expropiación y la tala de más de 100.000 olivos.
La denuncia se dirige contra la Junta de Andalucía (de manera concreta contra las delegaciones territoriales de Economía y de Medio Ambiente en Jaén), por ser la administración autonómica la competente para conceder los permisos pertinentes, y también contra las empresas promotoras de estas plantas, FRV Arroyadas y la compañía gallega Greenalia Solar Power.
Esta última anunció recientemente que ya dispone de un crédito de hasta 150 millones de euros para financiar la construcción de estas plantas, que se prevé que estén operativas en 2026. Los siete proyectos que han empezado a ejecutarse tendrán una capacidad de 310 MW y permitirán generar 641 gwh al año.
“Basta de hipocresía, de excusas y falsas verdades; esto no se basa en cuidar el medio ambiente, mejorar la vida de los ciudadanos y de combatir la despoblación. Mentiras veladas que se escudan en un falso ecologismo, aquí de lo que se trata es de enriquecer y favorecer a empresas ‘amigas’, generando más deuda a los ciudadanos”, censuran desde la Plataforma Campiña norte.
Los agricultores denuncian que las empresas están llevando a cabo ensayos en la zona sin tener aún los permisos de los ayuntamientos correspondientes y que “campan a sus anchas por parcelas colindantes, que no entran dentro de estos proyectos, generando destrozos con maquinaria pesada”, daños que, aseguran, han sido denunciados ante la Guardia Civil.
Los olivareros advierten de que irán ampliando la denuncia penal contra los ayuntamientos que otorguen los permisos de obra a las empresas promotoras. De momento, valoran la actitud del Ayuntamiento de Lopera, el único que se ha mostrado contrario a dar luz verde a estos proyectos y que ha impulsado un Plan Especial Paisajístico que contempla denegar los permisos para estas instalaciones, ya sean campos de placas o líneas de evacuación La Junta de Andalucía ya ha declarado estos proyectos de utilidad pública y también ha desechado las alegaciones presentadas por otras empresas y particulares. Y el pasado mes de julio la administración autonómica notificó a decenas de agricultores el inicio del proceso de expropiación forzosa.
