La Diputación de Jaén aprueba una declaración sin precedentes que reconoce la injusticia y el agravio histórico de las familias expulsadas de la Sierra de Segura
Fotografía de portada: Concentración de apoyo a la familia Guijarro en la aldea de Los Centenares.
El pleno de la Diputación Provincial de Jaén ha aprobado este viernes una declaración institucional para “honrar y reconocer la lucha de los serranos expulsados de las aldeas perdidas de la Sierra de Segura”.
La Diputación de Jaén pide que se reconozca la injusticia y el agravio histórico de las familias expulsadas de Los Centenares, Las Canalejas, El Miravete, Los Goldines, Las Huelgas y las aldeas y cortijos de la Sierra de Segura, durante el periodo 1951 a 1979.
Al mismo tiempo se aboga por “honrar la memoria de los serranos fallecidos en el exilio forzoso que supuso la expropiación de las casas y tierras de los serranos durante tres décadas y que no pudieron ver cumplido su anhelo de morir en el lugar que les vio nacer”.
También se “insta a las administraciones públicas a reconocer la memoria, la lucha y la dignidad de las familias expulsadas de las aldeas perdidas de la Sierra de Segura, como forma de reparación del daño moral causado”.
Finalmente, se insta a las administraciones “a hacer un esfuerzo para no permitir la desaparición total de las aldeas perdidas contribuyendo a su mantenimiento, como huella perenne de una parte de la etnografía jiennense.
De la declaración institucional se ha suprimido finamente la petición de reversión “de las propiedades arrebatadas de manera forzosa, de manera que se contribuya al mantenimiento de una parte del patrimonio tradicional jiennense”.
Desde el año 1951 y hasta 1979, al amparo de las leyes del franquismo fueron expulsados de núcleos rurales como Los Centenares, Los Goldines, Las Huelgas, El Miravete o La Canalejas centenares de familias que, durante generaciones, habían mantenido un modo ancestral de vida en armonía con la naturaleza y las tradiciones autóctonas.
Las expropiaciones se justificaron en primera instancia para plantar pinos y evitar la erosión en la cuenca del pantano del Tranco, construido unos años antes, y más tarde por la declaración del Coto Nacional de Caza de Cazorla y Segura, antecesor de lo que hoy es el parque natural más grande de España.
“Las expropiaciones sufridas por los serranos trajeron cientos de familias arrebatadas de su identidad ancestral y de historias de emigración forzada en busca de mejores oportunidades de vida, familias a las que se arrebató algo tan intangible como su propia identidad”, ha señalado el diputado provincial por Ciudadanos Ildefonso Ruiz, impulsor de esta declaración.
“La expropiación fue una historia de lenta asfixia de la administración, que comenzó negando a los serranos servicios básicos como la sanidad o las comunicaciones y continuó con una persecución a los serranos a los que se multaba por hacer sus labores ancestrales como pastorear o recoger leña”, expone el diputado Ildefonso Ruiz.
El último caso de agravio es el de la familia Guijarro que, pese a contar con escrituras de su casa, ha recibido una orden de desahucio por ocupación ilegal tras el expediente abierto por agentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.