Los asistentes a este órgano, reunidos en la Diputación, valoran las medidas de autorregulación de la oferta del Gobierno para estabilizar los precios

El Consejo Provincial del Olivar y del Aceite de Oliva de Jaén ha rechazado hoy la propuesta que está barajando la Unión Europea para la nueva Política Agraria Común (PAC), por entender que supondría la pérdida del 20% del presupuesto actual.

El Consejo, reunido en la Diputación de Jaén con representantes de todo el sector oleícola, ha abordado los escenarios que se están barajando por parte de la Unión Europea para definir la nueva PAC, que comenzará a implementarse después del año 2027, en concreto desde 2028 hasta 2034, y su posible impacto en la provincia jiennense.

“El objetivo que pretendemos en este Consejo es consensuar una posición común en torno a la propuesta que más interese a la provincia de Jaén, ya que somos la principal productora mundial y los principales beneficiarios de las ayudas de la PAC al aceite de oliva”, ha enfatizado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

 Reyes se ha hecho eco de las informaciones que apuntan hacia una PAC “con un presupuesto nacionalizado y, lo más preocupante, más reducido, lo que perjudicaría a nuestra provincia y tendría graves consecuencias para el sector oleícola en Jaén”.

“Es fundamental que de Jaén surja una posición clara y fuerte que se oponga a esa gran modificación de la PAC, que supondría la pérdida de un 20 % del presupuesto que se percibe hasta ahora y la desaparición de la PAC tal y como la concebimos en este momento, ya que no habría una política agraria y común para todos los países, porque estos fondos se integrarían con otros europeos, como los FEAGA o los FEADER, y se podrían eliminar las ayudas directas”. 

El nuevo sistema planteado, que aún tiene que debatirse en el Parlamento Europeo, supone, a juicio de Reyes, “acabar con el papel estratégico que se le ha dado en las últimas décadas a la agricultura en la Unión Europea, por su contribución a la seguridad alimentaria y no ser dependientes exclusivamente de terceros países, que haya esa autonomía y seguridad alimentaria en Europa y que al mismo tiempo la hagamos compatible con la protección de nuestro medioambiente y la biodiversidad, así como mantener la población en las zonas rurales”.

Para plantear un posicionamiento común en Jaén el Consejo ha encargado al equipo que dirige el profesor Manuel Parras un análisis de esta propuesta de la Comisión Europea, para lo cual se ha diseñado una herramienta que ofrecerá datos de cómo le afectan a los municipios y comarcas jiennenses cada una de las medidas que se vayan proponiendo en el marco de la nueva PAC.

Por otro lado, cuando faltan semanas para que empiece la campaña de la recolección de la aceituna 2025-2026, el Consejo Provincial del Olivar ha abordado la propuesta de regulación de la oferta para lograr unos precios razonables del aceite de oliva elaborada por el Gobierno de España para aplicarla ya en esta misma campaña si se dan las condiciones para ello.

Según el informe elaborado por el experto Manuel Parras, se valora la necesidad de disponer de un mecanismo de autorregulación que posibilite que los precios de los aceites de oliva no alcancen costes por debajo del precio de rentabilidad para el agricultor, lo mismo que indicaba la Ley de la Cadena Alimentaria, “y hacerlo, además, con unos parámetros que sean claros y que, previamente, se deben haber consensuado con el sector”, ha señalado Reyes.

 Con esta medida se quiere hacer frente “a la volatilidad y las fuertes oscilaciones que sufre el precio del aceite de oliva en función del volumen de cada campaña, algo que, sin duda, perjudica a los productores y también a los consumidores”, según ha remarcado el presidente de la Diputación de Jaén. P

ara hacer frente a esta situación, ha insistido, “el Gobierno ha elaborado esta Orden Ministerial con el objetivo de regularizar las normas de comercialización del aceite de oliva y, así, darle estabilidad a los precios en épocas de grandes producciones”.

 “Estamos convencidos –ha proseguido Reyes–, y así lo hemos visto en el Consejo Provincial del Olivar, que el sector necesita este tipo de normas, que deben contribuir a asegurar el valor añadido del aceite de oliva y la sostenibilidad económica de las explotaciones, dado que las oscilaciones de los precios perjudican la fidelidad de los consumidores y, en algunos casos, desincentivan su consumo”.

 Por ello, esta norma incluye, como una de sus principales medidas, la posibilidad de retirar parte de la producción hasta la campaña siguiente y destinarla a un uso que no sea alimentario. De igual forma, también establece que se aplicará cuando “se interprete que hay desequilibrio en el mercado, en concreto cuando los precios en origen se sitúen en niveles que no cubran los gastos de producción de las explotaciones, especialmente aquellas que son más vulnerables, poniendo en riesgo su sostenibilidad”, ha apostillado.