El historiador e investigador Santiago de Córdoba analiza en un estudio el declive de la escuela rural en Andalucía y en la provincia de Jaén

Santiago de Córdoba Ortega. Historiador

Para un historiador que analiza la vertebración del territorio y la lucha contra la “España vaciada”, la escuela rural es mucho más que un centro de enseñanza; es el último dique contra la desertización demográfica y el olvido institucional.

Jaén no es una provincia “rural” por retórica, sino por realidad socioeconómica y territorial: su base productiva sigue anclada en la agricultura y, dentro de ella, en el monocultivo del olivar, que modela el paisaje, el empleo, la estacionalidad de las rentas y la propia organización de la vida cotidiana. A esa matriz agraria se suma un poblamiento disperso y una baja densidad municipal: el 79% de sus municipios tiene menos de 5.000 habitantes. Pero el gran problema es la prestación de servicios que garantice el bienestar de sus habitantes.

La provincia de Jaén presenta una estructura poblacional altamente atomizada que trasciende sus 97 municipios oficiales, integrando un total aproximado de 376 núcleos de población consolidados (incluyendo las cabeceras municipales, aldeas, pedanías y poblados de colonización). Esta cifra se eleva significativamente si se contabilizan las unidades de población diseminadas y cortijadas con denominación propia, alcanzando cerca de 1.091 entidades habitadas según los registros del Nomenclátor del INE y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Esta notable dispersión geográfica se concentra especialmente en comarcas de montaña como la Sierra de Segura, donde municipios como Santiago-Pontones o Segura de la Sierra aglutinan decenas de pequeños núcleos, y en la Sierra Sur, con Alcalá la Real como referente por su red de aldeas activas. En conjunto, esta realidad territorial dibuja una provincia donde, más allá de las ciudades principales, existen más de 300 asentamientos secundarios que mantienen la identidad rural y la actividad económica vinculada al olivar y al entorno forestal.

Desde una perspectiva comparada, la densidad demográfica permite entender mejor este marco territorial. La provincia de Jaén registra en torno a 46 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de la media andaluza (97 hab/km²), de la española (94 hab/km²) y aún más distante de la media de la Unión Europea (109 hab/km²). Aunque no alcanza los niveles extremos de las provincias paradigmáticas de la llamada “España vaciada” —Soria (8 hab/km²), Teruel (9) o Cuenca (12)—, la combinación de gran extensión territorial, orografía compleja y dispersión de pequeños núcleos de población convierte la prestación de servicios públicos, especialmente la educación, en un desafío estructural.

En este contexto se entiende la función de los Colegios Públicos Rurales (CPR). No son una simple modalidad organizativa, sino la infraestructura que garantiza el derecho a la escolarización cercana donde la dispersión podría convertir el origen en factor de desigualdad. Como señala el Informe Especial de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (2022), el CPR es el eje de la equidad territorial en zonas con brecha digital y escasez de servicios básicos —sanitarios, bancarios o administrativos—. En Jaén, la escuela rural es una condición de posibilidad para que el territorio tenga futuro.

La configuración de este modelo tiene base normativa: la Ley Orgánica 8/1985 (LODE) sentó las bases, pero el nacimiento real del Colegio Público Rural se produjo con el Real Decreto 2731/1986 (Colegios Públicos Rurales Agrupados). Este decreto permitió agrupar escuelas unitarias de localidades cercanas en una sola unidad administrativa, rompiendo el aislamiento del maestro rural y facilitando que especialistas de música, inglés o educación física se desplacen entre sedes.

Si observamos el sistema andaluz, el contexto general explica la posición de estos centros. Andalucía cuenta con 7.054 centros: 4.626 públicos y 2.428 privados (587 concertados). Desde el inicio del actual ciclo político se han suprimido 2.402 aulas públicas y solo en el curso 2024-2025 desaparecieron 706 unidades de Infantil y Primaria, un 45,27% más que el curso anterior.

En Jaén existen 614 centros (474 públicos). En el sector privado hay 140 centros, de los que 43 son concertados (30,71% del bloque privado provincial, seis puntos por encima de la media andaluza). Esta descompensación es clave: el curso pasado se suprimieron 101 unidades en Jaén, el 14% del ajuste autonómico. En un territorio frágil, cualquier contracción de la red educativa se percibe con mayor intensidad.

Los trece CPR de la provincia articulan treinta sedes y atienden a alumnado de más de sesenta aldeas y pedanías. Es uno de los sistemas más extensos de Andalucía, vinculado a la estructura de 97 municipios y cientos de núcleos menores. Cada CPR cuenta con una sede administrativa e integra sedes escolares en aldeas, recibiendo alumnos de cortijadas sin escuela propia. Esto exige coordinación pedagógica, transporte adaptado y especialistas itinerantes que recorren decenas de kilómetros por carreteras secundarias para garantizar el derecho a la educación.

En Andalucía, los CPR escolarizan a 11.000 estudiantes (3.322 Infantil, 7.151 Primaria y 540 Secundaria) con 1.700 docentes. La ratio profesor-alumno de 6,5 permite una atención personalizada en las aulas multinivel. La escuela rural no es solo alta montaña; se sitúa en ámbitos serranos (Segura, Sierra Morena, Mágina y Sierra Sur) y también en la campiña y el eje del Guadalquivir, donde el poblamiento diseminado requiere una respuesta educativa específica.

Esta doble realidad territorial explica la lógica de implantación de los Colegios Públicos Rurales en la provincia de Jaén. Cada CPR actúa como una unidad administrativa que coordina varias sedes educativas repartidas por distintos núcleos de población, garantizando así el acceso a la educación infantil y primaria en lugares donde la densidad demográfica y la dispersión del poblamiento harían inviable la existencia de centros independientes.