La Audiencia de Jaén tumba el recurso de Enrique Guijarro para el reconocimiento de sus propiedades en Los Centenares. Fin a la vía judicial

La Audiencia Provincial de Jaén ha desestimado el recurso de apelación presentado por la familia de Enrique Guijarro, el último vecino que mantenía un pleito con la Junta de Andalucía para reclamar la titularidad de su casa y de sus fincas que les fueron expropiadas en la segunda mitad del pasado siglo en el conocido como valle de las aldeas perdidas de la Sierra de Segura.

El fallo de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso EFE, confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén, de mayo de 2025, y desestima el recurso de apelación por “la falta de acreditación de los requisitos exigidos”.

En concreto considera falto de identificación suficiente de las fincas sobre el terreno, que los datos del Registro de la propiedad no gozan de presunción de veracidad, que los datos catastrales tampoco acreditan la titularidad ni la delimitación del dominio y que el informe pericial aportad se considera una prueba insuficiente.

En conclusión, los jueces entienden que el demandante no ha cumplimentado la carga probatoria sobre la superficie, delimitación, ubicación concreta o linderos exactos de las fincas, con la consiguiente confusión de linderos.

Aunque contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la defensa de Enrique Guijarro ha confirmado que no se va a recurrir, con lo que se pone fin al último contencioso judicial que había en torno a las aldeas perdidas.

A mediados del siglo XX el Estado expropió las propiedades a más de 4.500 vecinos de estas aldeas, hoy ya abandonadas, para crear el Coto Nacional de Caza de Cazorla, unos terrenos que más tarde fueron declarados parque natural.

Los vecinos defienden que estas casas y tierras de cultivo han sido titularidad de sus familias desde tiempos inmemoriales y, de modo concreto, la familia Guijarro podía acreditar tal pretensión mediantes escrituras de propiedad.

La demanda interpuesta por la familia Guijarro demandaba a la Junta de Andalucía por ocupación ilegal de su finca desde mayo de 2022, acto que se llevó a cabo a través de la Consejería de Medio Ambiente.

 “Pedimos que se reconozca la historia real, que se respete su lucha por la justicia y se les permita reclamar el derecho a una vida digna, el mismo que les fue arrebatado a sus abuelos”, se decía en el manifiesto elaborado por vecinos afectados y leído ante la sede de la Junta en Jaén en marzo del año pasado.

Entre las reclamaciones que plantean estos vecinos serranos se encuentran una apuesta decidida por un turismo simbiótico que potencie el turismo deportivo, gastronómico y cultural, comprometido con el medio ambiente.

Además, solicitan a la Junta la rehabilitación y señalización de los antiguos caminos de herradura, la habilitación de refugios para los senderistas mediante la restauración de algunos cortijos y la restauración de las aldeas de Los Centenares y El Miravete, para convertirlas en ecoaldeas, “que generen cultura y trabajo para muchas familias que no desean abandonar su tierra”.

También piden la restauración de la iglesia de Las Canalejas, uno de los lugares históricos más importantes de esta sierra, y que se promueve la construcción de un Museo de interpretación de las Aldeas Perdidas.

De igual forma, solicitan la rehabilitación y mantenimiento de las innumerables fuentes que atesora esta comarca, y la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial de todas las eras empedradas de la Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas.